Países
Este proyecto de monitoreo transparente realizó estudios de caso en cuatro países ―Costa de Marfil, Etiopía, Papúa Nueva Guinea y Perú― para abordar necesidades específicas identificadas por cada uno de ellos y que abarcan desde el trabajo técnico relacionado con los factores de emisión hasta la mejora del monitoreo comunitario.
A continuación, se ofrece el perfil de emisiones provenientes del uso del suelo de cada país, así como un resumen de cómo el proyecto aplicó los enfoques de monitoreo transparente en cada uno de estos países. Para obtener mayor información sobre los estudios de caso, visite la página en la que se ofrece un resumen de los estudios de caso contenidos en el Libro 2.
Costa de Marfil
Costa de Marfil es el mayor productor de cacao del mundo, pero carece de una fuente de datos confiables para evaluar la extensión de las plantaciones de cacao en el país y el cambio del uso de la tierra relacionado con dichas plantaciones. La situación de la gobernanza es también compleja; las competencias y la capacidad para monitorear los bosques están desperdigadas entre varias instituciones, incluida la Secretaría Ejecutiva Permanente de REDD+ (SEP-REDD), que depende del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Silvicultura. La Iniciativa sobre el Cacao y los Bosques (CFI, por sus siglas en inglés) también tiene compromisos de monitoreo, pero su integración en la estructura gubernamental de monitoreo no es clara. Diversos actores, tanto del sector privado como del sector público, están participando y compitiendo por los recursos.
Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE) está intensificando sus actividades relacionadas con el monitoreo en Costa de Marfil, en preparación para la implementación de la ley de la UE sobre productos libres de deforestación. En el 2020, la UE inició los “Diálogos sobre el Cacao” con Costa de Marfil y Ghana para diseñar un enfoque innovador para la sostenibilidad del cacao. La UE destinó una cantidad importante de recursos financieros a la sostenibilidad del cacao, con una parte asignada al monitoreo.
Este primer estudio de caso mostró que facilitar discusiones con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil ayudó a todos los participantes a entender las implicaciones del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) al destacar cómo las partes interesadas podrían verse afectadas por el reglamento, pero también cómo podrían contribuir a su cumplimiento.
La plataforma interactiva de monitoreo transparente (Transparent Monitoring platform), permitió el acceso a los mapas. En ella, los usuarios pueden compararlos e identificar coincidencias y contradicciones. En lo posible, los mapas se ofrecen con metadatos que describen su desarrollo y sus limitaciones.
Etiopía
El Gobierno de Etiopía hace hincapié en la restauración de tierras degradas y en incrementar la cobertura forestal. Estableció un inventario forestal nacional (IFN) y construyó un sistema nacional para contabilizar y reportar los GEI ―sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) o MRVS, por sus siglas en inglés― principalmente con la asistencia técnica de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para subsanar los vacíos de datos y mejorar la calidad y el intercambio de datos sobre el uso de la tierra y la biomasa. Estos y otros esfuerzos son necesarios para preparar a Etiopía para las próximas evaluaciones técnicas relacionadas con el Marco de Transparencia Reforzado (MTR) del Acuerdo de París. Además, hasta el momento en el que se realizaron los estudios de caso, el país había invertido relativamente poco en entender y mejorar los aspectos del MRVS relacionados con las políticas y la participación.
Desde el 2021, el mandato de la Comisión de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (EFCCC, por sus siglas en inglés) de Etiopía, que alberga institucionalmente a la Secretaría Nacional de REDD, es compartido por tres entidades ministeriales:
- Protección Ambiental, que ahora rinde cuentas a la Autoridad Meteorológica Nacional;
- Silvicultura, renombrada Desarrollo Forestal Etíope (EFD, por sus siglas en inglés) que rinde cuentas al Ministerio de Agricultura; y
- Cambio Climático, que depende de la Comisión Nacional de Planificación.
Etiopía llevó a cabo evaluaciones de la cobertura terrestre y del uso de la tierra a pequeña escala. Sin embargo, la evaluación a nivel nacional se vio obstaculizada debido a la limitada capacidad de monitoreo y al escaso conocimiento sobre el uso de la tierra una vez que se ha llevado a cabo la deforestación. El gobierno deseaba obtener esta información a nivel nacional y, por lo tanto, contribuir a mejorar el monitoreo y la presentación de reportes sobre el cambio de uso de la tierra y REDD+.
El gobierno de Etiopía hace hincapié en la restauración de tierras degradadas y en el aumento de la cobertura forestal. Si bien este trabajo lo llevan a cabo principalmente las comunidades locales, existe poca información sobre el papel que tienen las comunidades en la recopilación y el intercambio de datos sobre sus actividades de restauración, y sobre cómo la información recopilada por medio del monitoreo participativo puede contribuir a los esfuerzos de monitoreo de la restauración a nivel nacional.
Etiopía es un país activo en REDD+ y está en espera de pagos basados en resultados a través de varios canales. Para ser elegible, Etiopía necesita establecer un Sistema de información de salvaguardas (SIS) (Consúltese el Marco de Varsovia, Decisión 12/CP.19). Para ello se requiere establecer un sistema eficaz de monitoreo forestal y salvaguardas en los diferentes niveles de gobernanza. En el 2018, Etiopía creó un documento de directrices sobre REDD+ que describe las metas, los objetivos y alcance del SIS, y los indicadores de salvaguardas adaptados al contexto etíope. Las metas incluyen el diseño de un SIS sostenible, eficaz, participativo y transparente.
Perú
En 2020, Perú actualizó sus objetivos nacionales de reducción de emisiones en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), incrementando del 20 % al 30 % como un objetivo incondicional, y del 30 % al 40 % como un objetivo condicional. Los objetivos incluyen al sector de la agricultura, así como al del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés).
Las NDC actualizadas presentan un componente importante de adaptación, pero carecen de detalles sobre los objetivos sectoriales, los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y objetivos forestales medibles. A pesar de que Perú ha manifestado su intención de lograr emisiones netas cero para el 2050 ―y ha declarado su intención de actualizar su Estrategia Nacional de Cambio Climático―, no es claro cuál es el papel que el sector del uso de la tierra tendrá en la consecución de dichos objetivos.
Además, es necesario abordar las emisiones provenientes de las tierras agrícolas; más del 30 % del país está cubierto por tierras agrícolas y el porcentaje continua en crecimiento. En 2019, según reportes, el sector del LULUCF contribuyó con el 51 % de las emisiones de GEI en Perú (aproximadamente 97 kt CO2a), principalmente debido a la conversión de tierras forestales para uso agrícola y otras actividades que causan la degradación en la Amazonía peruana. Por lo tanto, la gestión forestal y la conservación son fundamentales para la estrategia de mitigación del cambio climático del país.
Dado que la deforestación es una de las principales fuentes de emisiones de GEI en el país, estimaciones más precisas de los GEI provenientes del uso de la tierra apoyarán la implementación de medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planificación nacionales.
En Perú ha aumentado, en los últimos años, el área ocupada por plantaciones de palma aceitera establecidas en bosques secundarios degradados. En parte, esto ha sido promovido por actores de la industria y el gobierno con el objetivo de prevenir la invasión de los bosques primarios. Sin embargo, el impacto de esta conversión en las emisiones de GEI se ha estimado solamente utilizando factores de emisión predeterminados y Perú carecía de factores de emisión específicos para el país.
Perú implementó un programa único de pagos de incentivos a comunidades indígenas para la protección de los bosques en la región amazónica. Los pagos están condicionados a que las comunidades mantengan el bosque que se localiza en su territorio y a que lleven a cabo actividades específicas, como patrullajes en el bosque. Durante la implementación del programa algunas comunidades decidieron no participar, mientras que otras abandonaron el programa antes del periodo de cinco años o fueron suspendidas, por ejemplo, debido a dificultades para cumplir con los requisitos de presentación de reportes. Las razones de estas dinámicas eran poco comprendidas y representaban un desafío para apoyar la sostenibilidad de largo plazo del monitoreo comunitario.
Perú implementó un programa de monitoreo comunitario basado en alertas. Las comunidades reciben alertas satelitales de eventos de deforestación y entonces llevan a cabo verificación en el campo. Este sistema que estaba en papel ocasionaba demoras en la recopilación de datos y con frecuencia los datos recabados eran ambiguos en cuanto a las causas de los eventos de deforestación.
Papúa Nueva Guinea
La representación de Papúa Nueva Guinea ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se ha desempeñado como pionera en la promoción de políticas de cambio climático, particularmente mediante sus esfuerzos para abordar la deforestación y la degradación forestal. Junto con Costa Rica, Papúa Nueva Guinea introdujo en las negociaciones de la CMNUCC el concepto de reducción de emisiones provenientes de la deforestación como un enfoque doble para combatir el calentamiento global al mismo tiempo que se promueven oportunidades económicas para los países en desarrollo. Esta idea innovadora sentó las bases para el mecanismo global conocido como RED (reducción de emisiones provenientes de la deforestación), que evolucionó durante una década de negociaciones y perfeccionamiento dentro de la CMNUCC. El mecanismo se extendió a REDD (reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques) y más tarde a REDD+ (reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono).
Papúa Nueva Guinea fue también uno de los primeros países que participó en iniciativas multilaterales internacionales como el Programa de la Organización de las Naciones Unidas sobre REDD (UN-REDD, por sus siglas en inglés) y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, demostrando su compromiso con la acción climática global. Estos programas permitieron que Papúa Nueva Guinea tuviera acceso a conocimientos técnicos, oportunidades para el desarrollo de capacidades y recursos financieros para desarrollar sistemas fundacionales como su Estrategia Nacional de REDD+ y su Nivel de Referencia Forestal (NRF).
Sin embargo, los resultados no estuvieron exentos de desafíos. Problemas como retrasos en la implementación, la limitada participación de las partes interesadas y deficiencias en la gobernanza obstaculizaron el cumplimiento pleno del potencial de estos programas. Uno de los principales obstáculos fue la capacidad limitada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Banco Mundial para trabajar con las complejidades sociopolíticas exclusivas de Papúa Nueva Guinea, entre las que se incluyen estructuras de gobernanza fragmentadas y sistemas de tenencia de la tierra consuetudinarios. Dichas complejidades provocan que la implementación sea lenta, así como otros desafíos para garantizar resultados que sean equitativos e inclusivos.
A la fecha, Papúa Nueva Guinea recibe apoyo de actores internacionales, y las acciones relacionadas con el cambio climático y la tierra se han ampliado a los sectores pesquero y agrícola.
En Papúa Nueva Guinea, los Pueblos Indígenas y las comunidades locales (PICL) son dueños del 97 % de la tierra y desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad mediante sus prácticas consuetudinarias de gestión de la tierra. Sin embargo, su participación en cualquier esfuerzo formal de conservación de la naturaleza, mitigación climática y adaptación sigue siendo limitada debido al escaso ejercicio de consultas, problemas aún no resueltos sobre los derechos a la tierra, capacidad insuficiente y escasa protección jurídica.